El objeto del presente protocolo es desarrollar las medidas necesarias para asegurar la coordinación y el intercambio de información que sea relevante entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Campo de Criptana  dentro del ámbito de las competencias de Seguridad Privada ante la demanda de una intervención en materia de vigilancia en el campo, como medida preventiva y disuasoria de los delitos contra la propiedad del sector agrícola, el cual tiene una fuerte presencia en la economía local.

 

En este sentido la actuación del Ayuntamiento de Campo de Criptana, como usuario de seguridad privada enfocada a la vigilancia y prevención de delitos contra la propiedad en el campo, se acomodará a los principios de subordinación, complementariedad, cooperación y corresponsabilidad respecto de la seguridad pública y al resto de los principios y disposiciones de la Ley de Seguridad Privada y de su normativa reglamentaria de desarrollo que le sean de aplicación. 

 

Igualmente, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la obligación de colaboración por parte de los prestadores de servicios de seguridad privada, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades.

 

La especial obligación de colaboración de la empresa de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de legalidad y se basará exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.

 

Ambas partes se comprometerán a velar por el correcto funcionamiento de los canales de comunicación necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de información mutua.

 

El Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil velará por la formación y capacitación del personal de seguridad privada que sea contratado en la medida que sea preciso para el correcto desarrollo del Protocolo, mediante el ejercicio de las competencias que legalmente le corresponden en materia de formación.

 

El Director General ha señalado que este protocolo es un reflejo de la colaboración y necesaria coordinación que debe existir entre las diferentes instituciones para garantizar la máxima seguridad los ciudadanos y, en este caso concreto, en un ámbito tan importante para la economía española como son las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por tanto, confía en que será la historia de un éxito y espera que esta iniciativa pionera pueda extenderse a otros municipios.